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Erika Buñay, Directora de Medicina de Urgencia, Universidad Autónoma

Antes de que una persona pueda abandonar un hospital, debe existir alguien capaz de recibirla, cuidarla y acompañarla. Cuando esa red no existe, el alta médica deja de ser una solución y se transforma en un problema. Hoy, en Chile, más de mil personas permanecen hospitalizadas pese a no requerir atención clínica aguda, simplemente porque no cuentan con las condiciones para continuar sus cuidados fuera del recinto asistencial.

Esta realidad revela una de las tensiones más complejas de nuestro sistema sanitario. Se trata de los llamados pacientes sociosanitarios: personas que han superado la etapa crítica de su enfermedad, pero que mantienen distintos grados de dependencia funcional o vulnerabilidad social que les impiden regresar a sus hogares de manera autónoma.

El fenómeno no es anecdótico ni transitorio. Es la expresión de cambios demográficos profundos: Chile se encuentra entre los países más envejecidos de América Latina, con aumento sostenido de enfermedades crónicas, dependencia funcional y necesidad de cuidados de largo plazo. Paralelamente, las transformaciones en la estructura familiar han reducido la capacidad de muchas familias para asumir tareas permanentes de cuidado.

La consecuencia es clara: cientos de personas ocupan camas hospitalarias destinadas a cuadros agudos, lo que presiona la red asistencial, reduce la disponibilidad para nuevos pacientes y eleva los costos del sistema. Mantenerlas hospitalizadas cuando ya no requieren ese nivel de atención no solo es ineficiente, sino perjudicial para su bienestar.

Sería un error, sin embargo, interpretar este desafío como un problema exclusivamente hospitalario. Estamos frente a una realidad que obliga a repensar la relación entre atención sanitaria, protección social y sistemas de cuidado.

La experiencia internacional muestra que los países que han respondido mejor al envejecimiento crearon modelos integrados que coordinan servicios médicos, apoyo comunitario, rehabilitación, cuidados domiciliarios y residencias especializadas. Chile dispone de experiencias valiosas desarrolladas por la sociedad civil, municipios y prestadores especializados, pero estas iniciativas operan de manera fragmentada frente a una demanda que seguirá creciendo.

Es indispensable avanzar hacia una política nacional de cuidados con una red sociosanitaria integrada. Esto exige coordinación entre Salud, Desarrollo Social y los gobiernos locales, junto con financiamiento estable y planificación demográfica de largo plazo.

El debate sobre los pacientes sociosanitarios no se limita a camas o gasto público: cuestiona cómo una sociedad cuida a sus personas más vulnerables. Chile necesita esa red; la urgencia es definir cuánto más puede postergarse su construcción.